“Nada está acordado hasta que todo esté acordado”: Negociaciones
de Paz en Colombia
El
actual proceso de paz que se lleva a cabo Colombia, tiene como fin darle
terminación al conflicto armado que se
desarrolla desde hace ya medio siglo y al cual no se ha encontrado una solución,
a pasar que entre los años 2003 y 2006, el Gobierno ha contado con la
desmovilización de más de 30.000 paramilitares, y que se tiene en vigencia la
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005),
por medio de la cual se busca facilitar el procedimiento y condena de algunos paramilitares,
reduciendo las penas de prisión, a cambio de la entrega de todos los bienes y
el compromiso de poner fin a cualquier actividad ilegal.
Actualmente
se han logrado algunos avances respecto a este tema en la mesa de negociación que se encuentra
instalada en la Habana – Cuba desde el año 2012, guiadas por un principio que
es el de: “nada está acordado hasta que
todo esté acordado”, pero las preguntas
que surge luego de ver algunos objetivos alcanzados, son si ¿Colombia está preparada para lograr un proceso de paz, las forma de reparación son las adecuadas sin
dejar atrás la dignidad humana y la impunidad? Y ¿Cuáles serían los desafíos, y
quienes son los actores principales que intervienen?
El
problema del conflicto armado en Colombia es que “ha
ocasionado el desplazamiento forzado de más de 4 millones de personas, además
de actos de violencia masiva contra la población civil, que incluyen
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y sumarias, delitos de
carácter sexual y reproductivo, reclutamiento forzoso de menores, y tratos
inhumanos y degradantes” (ICTJ, 2013), lo que en un inicio representa un
problema al tratar de lograr la paz sin hacer una reparación previa, en medio
de la guerra y del fuego que si sigue viviendo, porque aún en estos días vemos
como Las FARC siguen secuestrando y asesinando a personas de la población civil
en general, y que decir de las atrocidades que comete el gobierno y el ejército
en general pero que obviamente no salen a luz de los medios de comunicación quizás,
para no generar mala impresión o polémica.
Pero la problemática no termina ahí, puesto que la llamada
Justicia Transicional presenta problemas al momento de ponerla en práctica, dichas
medidas judiciales y políticas buscan
principalmente conseguir una rendición de cuentas, proporcionando a las
víctimas el reconocimiento de sus derechos para fomentar la confianza de la
ciudadanía, el desacuerdo frente a esto se presenta por parte de Las FARC ya
que dicho grupo no quiere ser juzgado por
la justicia internacional, porque que lo único que quieren es que se les
perdone todos los crímenes cometidos, esperando que todo se quede en el olvido ,
pero las verdaderas víctimas van a quedar con el sabor amargo de que no se hizo
nada para repararlo. Si bien es cierto que Colombia es un país sin memoria y
que al parecer olvida fácil, pero una cosa es olvidar y otra muy diferente es que exista una
amnistía para los grupos al margen de la ley, ya que cometieron errores que
atentaron directamente con los derechos humanos, cometiendo crímenes de lesa
humanidad.
Colombia no puede caer en el error de la impunidad, de pasar por encima de la
dignidad humana y del dolor de miles de
familias que han sufrido la guerra, que son el rostro de lo que sin remedio
pasa en nuestro país, ya que el Estado está en la obligación de juzgar y
castigar a todos los autores de delitos graves. Es que es imposible llegar a una
paz supuestamente negociada, sin que se tenga en cuenta a las verdaderas
víctimas. Carranza (2013) refiere que todos tienen derecho a la verdad, a la
justicia, a la reparación y a la participación, para conseguir un buen
resultado en la resolución de conflictos. La participación de las víctimas y la
sociedad civil en las negociaciones de paz es necesaria.
Dicha participación, debe ser encabezada por las verdaderas víctimas,
porque son ellas las que conocen el tema de primera mano, deben ser ellos los
que tienen que estar sentados en la mesa de negociación a través de líderes que
comenten que es lo que realmente desean y como les gustaría que fuera dicha
reparación, porque es ilógico que solo un grupo del gobierno se encuentre como
representante de todo un país, y más cuando manejan un doble discurso al
ocultar información que es importante para el país y para las víctima que
esperan una respuesta. Respecto a esto Hochschild
(2013) refiere que debe haber un debate público
del proceso, en donde haya un reconocimiento
diferenciado de las víctimas: municipios rurales y pobres.
Actualmente se evidencia una desfavorabilidad y un apoyo muy
bajo por parte de los colombianos hacia el proceso de paz, porque no se está confiando en lo que hace el gobierno y
en los temas que se tratan en la mesa de negociación, porque sencillamente
falta más participación y no dejar esto solo a un grupo de políticos, aún en estas
circunstancias se sigue viendo la brecha tan cerrada de las élite políticas y
de las relaciones de poder que aquí se evidencian, quizá con el único fin de
tener como pretexto las negociaciones de paz para subirle el favoritismo al
presidente Juan Manuel Santos, que ha bajo su favorabilidad en los últimos
meses. Entonces se podría sospechar que
el actual proceso de paz puede ser una estrategia teniendo en cuenta que se acerca una nueva elección presidencial en el 2014.
Según la página
oficial de los diálogos de paz:
La favorabilidad ciudadana respecto al proceso sigue cayendo.
A más de 300 días de diálogos, el proceso no tiene resultados favorables.
Además, en agosto hubo un tire y afloje entre los negociadores por la
radicación de un proyecto de referendo que puede politizar la refrendación
ciudadana de los acuerdos. Según las más reciente encuestas y mediciones de
opinión, a pesar de querer el logro de la paz, la inmensa mayoría de los
colombianos tienen una opinión negativa de las Farc y no están dispuestos a
hacer concesiones a las Farc ni a sus comandantes como permitir su
participación en política o condonarles las penas de cárcel por sus delitos
(Dialogosdepaz, 2013).
Entre los avances que se han logrado durante los casi dos
años de negociaciones, están un acuerdo sobre desarrollo agrario integral
denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, que
pretende hacer trasformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de
Colombia, para beneficiar a las comunidades campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes,
el segundo y sobre el que se está trabajando es lo referente a la participación
política, para que los grupos al margen de la ley una vez dejen las armas pueden
acercarse más a lo político y puedan incorporarse a la sociedad civil, para
trabajar en conjunto por la democracia y la participación ciudadana en igualdad
de condiciones.
Para Humberto Lombana de la Calle (2013), jefe negociador de
los diálogos de paz, los acuerdos ya logrados permite ver que nunca antes se había
llegado tan lejos con una organización
guerrillera, acuerdos por ejemplo nunca antes logrados sobre el tema agrario,
porque sus componentes son novedosos y van más allá de la reforma agraria en Colombia, porque es
en el campo es donde nació el conflicto principalmente y siempre se ha
desarrollado allí, las formas de violencia comienzan en el campo, entonces, la
ventaja del pacto es que por fin en acuerdo con Las FARC se entiende que con la
recuperación de la economía campesina no se afecta la industrial del campo.
Ahora si nos referimos a los obstáculos que aún nos falta por
afrontar y de lo que aún no nos hemos dado cuenta, es que el mundo está
cambiando, que aunque deseemos una paz negociada, no se puede estar dispuesto y
no se puede permitir una amnistía ni una impunidad, puntos a los que va a ser
muy difícil darles una solución, porque cada frente va a querer su beneficio
sin pensar en el otro, es por eso que sin importar lo que pase Colombia debe buscar
refugiarse dentro de los estándares internacionales, este país no puede darse
el lujo de estar fuera de ellos y de sus condiciones penales, porque si fuera así terminaríamos en un guerra
peor a la que ya vivimos.
Otro limitación es que no existe un cambio de mentalidad
especialmente por parte de los grupos al margen de la ley, es importante que
Las FARC cambie de actitud porque de esta se deriva y se desprende un resultado
político, son ellos los que deben dar el primer paso y mostrarse interesados en
llegar a acuerdos claros siendo justos y consecuentes con sus actos,
participando en el esclarecimiento de la verdad y el reconocimientos de sus errores.
Según Lombana (2013) lo que no puede pasar es que la justica internacional cuyo destino
es la protección de los derechos humanos y la prevención de violaciones, sea el
obstáculo para la terminación del conflicto hasta el punto de prolongar las
violaciones actuales y provocar nuevas violaciones.
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Referencias
y Bibliografía
Corte
Constitucional (2013). IX conversatorio de la jurisdicción constitucional
“diálogo constitucional para la paz”. Recuperado de:
ICTJ
Justicia verdad Dignidad (2013). Antecedentes: desmovilización, Ley de Justicia
y Paz otras iniciativas. Recuperado de:
Carranza,
R. (2013). IX conversatorio de la jurisdicción constitucional “diálogo
constitucional para la paz”. Recuperado de:
Hochschild,
F. (2013). IX conversatorio de la jurisdicción constitucional “diálogo
constitucional para la paz”. Recuperado de:
Diálogos
de Paz (2013) .Pulso ciudadano a la paz en Colombia .Recuperado de:
Lombana,
H. (2013). ). IX conversatorio de la jurisdicción constitucional “diálogo
constitucional para la paz”. Recuperado de:
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Anexo
IX CONVERSATORIO DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL “DIÁLOGO CONSTITUCIONAL PARA LA PAZ”
Este año 2013, consciente del momento histórico por el que atraviesa el país en virtud de las negociaciones de paz, la presidencia de la Corte Constitucional se ha propuesto forjar un ambicioso espacio en el que se escuchen los aportes de la academia, los tribunales internacionales, los líderes sociales y las minorías sobre esta trascendental materia.
El evento se fundamenta en tres ejes: académico, comunitario y cultural, en atención a las múltiples aristas que los diálogos de paz suscitan (Corte Constitucional, 2013)
El evento se fundamenta en tres ejes: académico, comunitario y cultural, en atención a las múltiples aristas que los diálogos de paz suscitan (Corte Constitucional, 2013)
A continuación algunas ideas de los ponentes y de los invitados a este conversatorio:
PONENTE
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BIOGRAFÍA
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TEMA DE LA PONENCIA
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IDEAS PRINCIPALES
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Luis Guillermo Guerrero Pérez
(Magistrado Corte Constitucional)
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Abogado con Especialización en Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Javeriana de Bogotá.
Fue Subsecretario General en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (1998-2001) y abogado asesor de la misma entidad; dirigió el Diario "El Derecho" de Pasto (1986 – 1987) y las revistas "BOGA” (1987 – 1990) y "Agora" (1979 – 1982). De esta última fue cofundador. (Corte Constitucional, 2013)
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Procesos de paz en América Latina y el mundo
Experiencia comparada
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Habla sobre la necesidad de crear un nuevo marco jurídico para la paz, en donde exista cuatro tipos de amnistía: Amnistía Amnésica, Amnistía con compromiso, Amnistía correctiva y Amnistía con responsabilidades, en donde se le permita a las víctimas hablar de lo que desean.
La justicia transicional debe tener una reclasificación y un nuevo diseño que permita un mejor desempeño, para la terminación del conflicto.
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Javier Ciulizza
(International crisis Group)
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Abogado peruano, Magister en Política Internacional Económica de la Universidad de Warwick (Inglaterra).
Actualmente, es el Director para América Latina y el Caribe de la ONG International Crisis Group (ICG). Como director, supervisa los proyectos de prevención y análisis de conflictos en Colombia, Venezuela, Guatemala y México. (Corte Constitucional, 2013)
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Procesos de paz en América Latina y el mundo: América Latina
Experiencia comparada
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Dice que lo más importante en las transiciones es salvaguardar la memoria, que no es solo entender el pasado sino darle importancia al presente con la manera como este se vive y se interpreta. Habla sobre la necesidad de darle una protección a las víctimas y a la construcción de democracia.
El problema de los Latinoamericanos es que estamos atrasados en pensamientos de tipo machista y racista , que no nos permite pasar la página
Hace referencia a que la justicia transicional tiene su origen y desarrollo en Latinoamérica (explica la transición de esta por la dictaduras, conflictos armados y violencia, refiriéndose a países como Brasil, Chile y argentina, Perú)
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Ruben Carranza
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Abogado filipino, Magister en Derecho Público Global de la Universidad de Nueva York (NYU).
Su trabajo actual como Director del programa de Justicia Reparativa en el International Center for Transitional Justice (ICTJ) le ha permitido analizar políticas públicas de reparación en Nepal, Timor Oriental, Irak, Palestina, Suráfrica y Ghana, entre otros. (Corte Constitucional, 2013)
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Procesos de paz Asia y África. Diferencias y coincidencias. Lecciones importantes sobre secuencia de justicia transicional
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Se refiere a las diferentes causas del conflicto, y a los distintos tipos de protagonistas que se involucran en este.
Todos tienen derecho a la verdad, a la justicia, reparación y a la participación, para conseguir un buen resultado en la resolución de conflictos. La Participación de las víctimas y la sociedad civil en las negociaciones de paz es necesaria.
La representación femenina en las negociaciones solo alcanza el 4%. Pocas organizaciones representativas de las mujeres.
Habla del proceso de paz en Nepal y Uganda, y que esté no tuvo un buen resultado porque el proceso de paz fue denominado por las élites y ninguno de los objetivos se cumplió.
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Fabrizio Hochschild
(Coordinador ONU en Colombia)
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De nacionalidad chilena e inglesa. Se destaca por su larga y reconocida trayectoria como funcionario de la Organización de Naciones Unidas.
Desde abril de 2013 se posesionó como nuevo Coordinador Residente del sistema de Naciones Unidas en Colombia. Ha coordinado junto con la Universidad Nacional los foros temáticos en torno al proceso de paz.
(Corte Constitucional, 2013)
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Desafíos y beneficios de la Paz
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Dice que es necesario comprender q la justicia transicional no se agota en la persecución penal, que existen mecanismos no judiciales para alcanzar verdad. Existe un modelo propio para Colombia para alcanzar la paz y es un cambio de mentalidad para lograr la reconciliación y el perdón. (Procesos de coexistencia).
Debe haber un debate público del proceso, en donde haya un reconocimiento diferenciado de las víctimas: municipios rurales y pobres.
Debe haber un equilibrio entre los requerimientos de la justicia transicional: éxito del proceso. La justicia transicional nace reconocimiento de cierto grado de impunidad.
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Eduardo Montealegre Lynett
(Fiscal General de la Nación)
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Abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Penal de la misma. Realizó estudios de investigación en el área de Derecho Constitucional en la Universidad de El Erlangen (Alemania).
En varias oportunidades, fue Procurador General de la Nación encargado. Fue magistrado de la Corte Constitucional dentro de los periodos 2001-2004, y actualmente es Fiscal General de la Nación
(Corte Constitucional, 2013)
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Poder punitivo en el Estado en el marco transicional
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Responsabilidad penal de la organización y del individuo como aplicación de la selectividad y en garantía de la no repetición.
Responsabilidad penal: deber de vigilancia y control de hechos del inferior por parte de superior. Delito de omisión propia.
Colombia tiene mejores herramientas de imputación de la responsabilidad penal por violaciones masivas derechos humanos en relación a Corte Penal Internacional.
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José Miguel Vivanco
(Human Rights Watch- América)
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Abogado Chileno, Magister en Derecho de la Universidad de Harvard. Trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos.
Actualmente, es el Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, una de las más reconocidas organizaciones internacionales dedicadas a la protección y defensa de los Derechos Humanos.
(Corte Constitucional, 2013)
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La impunidad en los Procesos de paz
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Solo juzgar a los máximos responsables de los delitos no interpreta la obligación internacional de investigación y juzgar, (justicia con las víctimas).
De acuerdo a la Comisión internacional de Derechos Humanos si hay prohibición de amnistías e indultos, por ser contrarias al pacto de derechos civiles.
El Estado tiene la obligación de juzgar a TODOS los autores de los delitos graves contra los derechos humanos.
La justicia transicional no es una rama independiente de los principios y obligaciones del derecho internacional.
Las comisiones de la verdad no sustituye la obligación jurídica de juzgar y definir la verdad de los hechos.
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